CONGRESO INVESTIGARÁ DESTINO DE DONACIONES DEL EXTRANJERO

La comisión de Relaciones Exteriores, que preside el congresista Gustavo Pacheco (FIM), redoblará sus esfuerzos para investigar, junto a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), cómo se están usando los recursos que envían los países cooperantes al Perú. Así mismo, la actuación del Estado como ejecutor e intermediario y la participación de terceros o sector privado, principalmente organismos no gubernamentales

Y es que para la mayoría de parlamentarios que forman la Comisión, es necesario que se fiscalice debidamente un dinero que tiene como destino a los más necesitados del Perú, pero que pese a las donaciones que llegan al país, los pobres no disminuyeron en los últimos diez años. Un problema para su control es que no existe un registro completo de estas organizaciones.

EL ESTADO DEBE EJECUTAR LOS PROYECTOS

El congresista Luis Solari (CP) demandó que se investigue por qué las ONG reciben 110 millones de dólares y aparecen como ejecutoras de proyectos por un valor de 210 millones. Por su lado, el Estado recibe 279 millones de dólares y sólo ejecuta 179 millones.

Reclamó, además, que la mayor parte del gasto se realice en Lima, cuando las mayores carencias se encuentran en el interior del país.

"¿Por qué el Estado no ejecuta?, ¿qué evaluación hace para derivar la ejecución de los proyectos a las organizaciones no gubernamentales?, ¿qué condiciones exige, qué control realiza?", se preguntó.

Empero, aclaró que en algunos casos los países donantes ponen como condición que sea un privado el operante, lo cual significa una violación de la soberanía que el gobierno no debe permitir.

Solari de la Fuente fue enfático en pedir la presencia de los ministros de los sectores que tuvieron la administración de los recursos provenientes de la cooperación técnica internacional, vale decir de los titulares de Educación, Salud, Trabajo, Justicia y de la Mujer para que expliquen qué ocurrió con esos dineros.

Pacheco Villar, en su calidad de presidente del grupo de trabajo citó a los congresistas a jornadas extraordinarias de trabajo para recibir la visita de los funcionarios invitados a fin que expliquen y den información del tema investigado.  

LIMA CON MAYORES RECURSOS

El Director Ejecutivo de APCI, Oscar Schiappa-Pietra, quien fue invitado, informó sobre la cooperación internacional reembolsable y no reembolsable que ha recibido nuestro país; los proyectos realizados y las entidades que perciben dinero, entre otros detalles.

Indicó que la cooperación internacional en marzo del 2004 fue de 390 millones de dólares, de los cuales 210 millones fueron ejecutados por organizaciones no gubernamentales es decir un 54 % y el otro porcentaje por el aparato estatal.

Manifestó que la ayuda internacional equivale al 3 por ciento del Presupuesto Nacional y al 23 por ciento del volumen de la inversión pública en el 2004 y que cada vez tiene un mayor componente de ayuda no oficial. Algunas fuentes bilaterales como Reino Unido y  Países Bajos, se retiraron del Perú, como consecuencia de que nuestro país ha pasado a la clasificación de Renta Media.

Explicó que más de la mitad de la cooperación recibida se orienta a la superación de la pobreza y protección del medio ambiente.

Schiappa Pietra señaló que Lima es la que recibe la mayoría de recursos y que es la primera vez que se ha producido información sobre un registro de las organizaciones ejecutoras y que seguirán trabajando no sólo en la fiscalización de los recursos donados sino en una real descentralización y una mayor vigilancia.

En una detallada explicación sobre el tema, también indicó que para cumplir con las metas trazadas APCI requiere de un presupuesto mayor porque con el que tienen se encuentran muy limitados. Agregó que en el primer trimestre del 2005 se fiscalizaron 14 proyectos de 12 ONGs.

AFIRMAN QUE RESOLUCIONES QUE AUTORIZAN VIAJES DEL PRESIDENTE SON NORMAS ADMINISTRATIVAS

Las resoluciones legislativas que autorizan los viajes del Presidente de la República al extranjero constituyen normas de carácter administrativo y no contravienen el artículo 109 de la Constitución Política del Perú cuando disponen que entran en vigencia el mismo día de su publicación, según lo dejó establecido la Comisión de Constitución, que preside el congresista Ántero Flores-Aráoz (UN), al absolver una consulta en este sentido hecha por Heriberto Benítez (NoA).

El informe respectivo fue emitido por una subcomisión del referido grupo de trabajo legislativo, y aprobado por mayoría en la sesión del lunes 20, tras un intenso aunque breve debate protagonizado por Carlos Ferrero (PP), Natale Amprimo (AN) y Fausto Alvarado (FIM), Mauricio Mulder y Judit de la Mata (PAP), Kuennen Franceza (UN) y el propio Benítez.

El último de los nombrados era de la opinión que una reciente resolución legislativa que autorizó la salida al exterior del presidente Alejandro Toledo, y que disponía su vigencia el mismo día que se publicó en el diario oficial El Peruano, contravenía el artículo 109 de la Constitución que señala que todas las leyes entran en vigencia al día siguiente de su publicación.

Al respecto, el informe elaborado por la subcomisión especial advierte que existen normas jurídicas y normas que no tienen este carácter, y son de naturaleza administrativa. Es decir, no todas las normas aprobadas por el Congreso tienen la categoría de ley, sino que se enmarcan como 'normas administrativas', pues escapan a las características inmanentes a la ley, como son la generalidad, la abstracción y el carácter impersonal.

Por el contrario, las normas administrativas, que también pueden ser expedidas por el Poder Judicial y el Poder Legislativo, no son generales, abstractas ni impersonales, y por el contrario, están referidas a casos específicos o particulares, caso de un viaje presidencial.

El informe aprobado precisa, además, que el artículo 73 del Reglamento del Congreso advierte que están exceptuados del procedimiento legislativo que se sigue para las leyes de carácter general -que consta de seis etapas: se inicia con la presentación de una iniciativa legislativa y concluye con su promulgación- los proyectos con trámite distinto a los que señala el mismo cuerpo legal.

Añade que el viaje al exterior del Presidente de la República es un procedimiento legislativo especial, normado por la Ley 28344, cuyo artículo 2º establece que este proceso legislativo se inicia con la solicitud del Poder Ejecutivo y concluye con la autorización de salida que aprueba el Congreso, y no se materializa con su promulgación y publicación, sino solamente de su aprobación.

En consecuencia, concluye, "el Presidente de la República está facultado para viajar al exterior con el solo acuerdo del Pleno del Congreso".

Por lo tanto, precisa que es incorrecto condicionar los efectos de la resolución legislativa de autorización de viaje a la publicación de la misma, ya que la ley 28344 sólo exige la aprobación por el Congreso; y se requiere de la aprobación del acta, y en su defecto, la dispensa de la misma.

En la eventualidad de incumplimiento de esto último, "opera el procedimiento de conservación del acto administrativo", que apunta a preservar el acto jurídico frente a cualquier formalidad, "siempre que no se afecte la esencia misma de la manifestación de voluntad del órgano que lo emite, en este caso la voluntad del Congreso de la República", dice el informe.

En la misma sesión, la Comisión de Constitución aprobó los informes que declaran como constituciones dos decretos de urgencia emitidos por el Ejecutivo, uno de los cuales autoriza al Poder Judicial a suscribir un convenio para la medición y evaluación de los logros judiciales administrativos alcanzados en el año 2005, y el que declara de necesidad nacional el 'Programa de reconstrucción de viviendas' en las localidades afectadas por los sismos del 25 de septiembre y el 1 de octubre del mismo año.

Por último, acordó posponer para después de las elecciones generales del 9 de abril próximo el debate en torno a predictámenes elaborados sobre diversos proyectos de ley, entre ellos el que propone autorizar el levantamiento del secretario bancario de los congresistas, y el que busca establecer que los proyectos de ley sean presentados por los grupos parlamentarios y no en forma individual.

Se argumentó que dichas iniciativas tienen carácter eminentemente político y podrían, de una u otra forma, alterar el proceso electoral en marcha, por lo que se decidió dejar su análisis y eventual aprobación para después de los comicios.

Lima, 20 demarzo de 2006