Mis investigaciones

Sr. Juan Hugo Zamata Aguirre.- su nombre aparece en algunas declaraciones de testigos, quienes lo sindican como “el ingeniero”, que financiaba la red de comunicaciones. La comisión concluyó continuar con las investigaciones.

Ex congresista Gregorio Gustavo Ibarra Imata.- su nombre aparece en la agenda de montesinos que fuera incautada por el poder judicial, se recogieron indicios de que integraba el órgano de máximo nivel de decisión. La comisión concluyó continuar con las investigaciones.

Flavio Romeo Paca Pantigoso.- existe un testimonio que lo señala como el autor del informe político que fue elaborado con la finalidad de fijar la estrategia ilegal para la reelección de Fujimori en la segunda vuelta electoral del año 2000. La comisión concluyó continuar con las investigaciones.

José Vicente Loza Zea.- en la comisión permanente del congreso de la república, presenté un video, donde se observa al Sr. Loza Zea, haciendo apología como coordinador departamental de puno, de la alianza fujimorista Perú 2000. El Sr. Loza Zea en circunstancias en la que se presentó el video era vocal supremo provisional, de la corte suprema de justicia y estuvo a punto de encargarse del juicio oral contra el ex parlamentario Alberto Kouri, hecho que no ocurrió gracias a mi oportuna intervención.

Celedonio Méndez.- en su condición de jefe del registro nacional de identificación (RENIEC), fue investigado por la comisión Townsend, en el grupo de trabajo de mi presidencia, por su vínculo con personas que ejecutaron el fraude electoral del año 2000, así como por encubrir una serie de irregularidades en su institución.

Ramiro de Valdivia Cano.- denuncié sus vínculos con el fujimorismo y como habría influido en la decisión del jurado nacional de elecciones, para que Julián Salas Portocarrero asuma la alcaldía de Puno, luego de que Gregorio Ticona fuera electo legislador por Somos Perú, evitando que la entonces teniente alcaldesa Irma Quilca, asuma el cargo conforme le correspondía. Finalmente, Ramiro de Valdivia Cano, fue acusado por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y abuso de autoridad. La jueza anticorrupción Jimena Cayo le abrió instrucción, con impedimento de salida del país. Se le acusó de bloquear el referéndum promovido por la entonces oposición contra la reelección presidencial de Alberto Fujimori y de emitir resoluciones a favor de los candidatos de vamos vecino en las elecciones municipales de 1998.

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