Lima, 03 de mayo.- La lucha contra la corrupción debe ser enfrentada en forma conjunta por todos los países, mediante una legislación uniformizada, acciones coordinadas y procedimientos alternativos a los ordinarios, teniendo en cuenta que se trata de un problema estructural y dinámico que avanza más rápido que la legislación para combatirla.

La coordinación internacional se hace más necesaria para enfrentar al crimen organizado que se traduce en acciones terroristas, narcotráfico, ‘blanqueo’ de dinero, trata de personas, abusos contra menores de edad, corrupción, y otros delitos que exceden las fronteras y constituyen una preocupación de las organizaciones internacionales.

En esos términos se expresó el catedrático español en lucha contra la corrupción Nicolás Rodríguez García, director de la Escuela de Posgrado de Estado de Derecho y Buen Gobierno, de la Universidad de Salamanca, e investigador visitante en la Universidad de Kansas, en Estados Unidos de América.

El especialista, también director del Grupo de Estudio contra la Corrupción y máster en corrupción y Estado de Derecho, expuso sobre el tema ‘Límites y retos de la respuesta judicial frente a la corrupción’ en el foro internacional organizado por la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que preside el congresista Gustavo Rondón Fudinaga (SN).

En su documentada exposición realizada el viernes 3, Nicolás Rodríguez afirmó que la corrupción es un tema complejo que requiere de un compromiso político para prevenirla y reprimirla, de herramientas de investigación eficaces y a cargo de personas calificadas y suficientes, además de medidas como cambiar el comportamiento de los servidores públicos y de los operadores jurídicos.

Esas acciones tienen un carácter simbólico ya que permiten llegar a la ciudadanía y hacer que esta denuncie los casos de corrupción y colabore con la justicia, lo que permitiría cambiar la percepción que se tiene del Poder Judicial y de la Policía Nacional, las dos instituciones consideradas las más corruptas, conforme lo demuestran las encuestas realizadas a nivel de América Latina. En estos países un 73% de la población expresa su desconfianza a esos organismos.

El especialista dijo que son, precisamente, policías, fiscales, jueces y funcionarios públicos los ‘destinatarios’ del 30% de los recursos económicos que destinan los distintos organismos, nacionales e internacionales, para lograr que sean exceptuados de aplicar la ley o que esta no se les aplique a ellos.

Recordó algunos casos de corrupción, caso de Italia, donde se ha denunciado que un 40% de los contratos públicos son ‘inflados’ y generan 60 mil millones de dólares en pérdidas. En España fueron capturados tres ‘hackers’ que controlaban a distancia 13 millones de ordenadores (computadoras) de todo el mundo para delinquir abriendo cuentas en Gran Caimán o Suiza, y depositando en ellas dinero de cuentas privadas; y en el Perú se ha detectado que siete mil millones de dólares fueron ‘lavados’ en los últimos años.

Rodríguez García destacó la importancia de prevenir los actos de corrupción a través de la unidad de análisis financiero y la contraloría; el control, la educación y la difusión preventiva y la cooperación interinstitucional, como el convenio suscrito en julio del año pasado por el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, para emprender acciones coordinadas contra esa lacra.

El catedrático español fue presentado por el congresista Gustavo Rondón, quien apelando a su profesión de médico, expresó que a la corrupción hay que saber conocerla, hacerle frente, diagnosticarla bien y aplicar las medicinas correctivas más eficaces.

A su vez, y en breve exposición sobre el mismo tema, el legislador Martín Belaunde Moreyra (SN), parafraseando a un viejo bolero, comentó que la corrupción es un delito que “llega sutilmente, como una tentación casi irresistible”, que sigue la ruta del dinero, pero se manifiesta en actos de todo género. “No existe una receta única contra ella”, dijo, para añadir que debe emplearse todos los métodos posibles para hacerle frente.

El foro fue organizado por la Comisión de Fiscalización y Contraloría y la Agencia Internacional de Gobernabilidad y Política (AIGP), que preside el exparlamentario Gustavo Pacheco Villar.

Fuente: Prensa Congreso.