Por: Lic. Rosa Coaricona

 

 

Ministro de Justicia y Procurador se presentarón en Comisión de RR.EE.

ESTADO PERUANO AGILIZA DOCUMENTOS DE EXTRADICIÓN PARA EVITAR SALIDA DE CHILE DE ALBERTO FUJIMORI

Amparándose en el Tratado de Extradición que existe entre Perú y Chile, desde 1932, el gobierno peruano espera en los próximos 60 días formalizar el pedido de extradición del país vecino del ex presidente Alberto Fujimori. Por urgencia, se afirmó, se ha solicitado a las autoridades chilenas la detención del prófugo mandatario con fines de extraditarlo en el más breve plazo.
Estos argumentos fueron expuestos en la Comisión de Relaciones Exteriores por el ministro de Justicia, Alejandro Tudela; y el procurador ad-hoc del Estado, Antonio Maldonado Paredes, el viernes 11.
Maldonado dijo si se concluye este plazo, no habrá manera de mantenerlo detenido y en ese caso el Estado peruano tendrá el deber de perseguirlo. Comentó, sin embargo, que el Estado y las autoridades judiciales, a través de una Comisión Especial que encabeza el titular de Justicia, viene apoyando el pedido de extradición y se espera que en el plazo de dos meses estén concluidos los 19 cuadernillos de extradición.
La presencia del ministro Tudela Chopitea y del procurador ad-hoc fue para informar a la Comisión las acciones que lleva adelante el Estado en la extradición de Alberto Fujimori, detenido en Chile.
Al respecto, el procurador Maldonado dijo que se decidió viajar a Chile para examinar in situ la situación del prófugo ex presidente y tomar contacto con los órganos de Estado del país vecino y hacer las coordinaciones con la unidad especializada del proceso de extradición en este país. "La primera preocupación de la Procuraduría fue que en ningún momento exista una indefinición legal".
Otra de las medidas que se hizo al llegar a Santiago fue tomar contacto con los medios de prensa, evaluar la situación jurídica y conocer los pormenores del viaje de Fujimori desde Japón, vía Tijuana (México) a Santiago.
Antonio Maldonado dijo que los 22 procesos abiertos al ex mandatario han sido reunidos en tres categorías: derechos humanos, corrupción e interrupción del Estado de Derecho. "Estamos frente a una acción legítima dirigida a evitar la impunidad", comentó.
Explicó luego que una vez en la capital chilena - llegaron a el lunes 7 -se dedicaron a la tarea de buscar al mejor asesor jurídico de Chile para contratar sus servicios y luego de examinar varias propuestas se eligió al abogado Alfredo Etcheberry, por su ascendencia profesional y amplia experiencia en este tema.
Dijo también que luego que el juez de la Corte Suprema de Chile, Orlando Álvarez, determinara que el pedido de libertad de Fujimori no procedía, ha quedado abierta la fase del Tratado de Extradición.
Contestando a las preguntas de los miembros de la Comisión, el ministro Tudela dijo, por su parte, que hubo limitaciones naturales en la elaboración de dos de los cuadernillos de extradición. Una de ellas fue la contratación de una traductora directa al japonés de los términos técnico-jurídicos demasiado sofisticados. La traducción representó para el Estado un gasto de 300 mil dólares.
Expresó más adelante, que luego de hacerse las consultas con las autoridades chilenas y ante la posibilidad de que no hubiera cierta contundencia en las acciones del Estado peruano, se consideró que lo más seguro era invocar el Tratado de Extradición de 1932. Aún se puede solicitar su expulsión pero tampoco se garantiza que Fujimori sea puesto en la frontera.
Maldonado Paredes comentó que se le podía expulsar de Chile, pero no obligarlo a regresar al Perú. Este aspecto está en el ámbito de las decisiones del estado chileno.
El ministro de Justicia comentó también en sus intervenciones, que habría que ser cuidadosos para que todos los documentos de extradición tengan los mínimos requisitos exigidos para que proceda y se habilite el proceso.
La Comisión que preside el congresista Gustavo Pacheco acordó invitar para el lunes 14 al ministro de Transportes y Comunicaciones, José Ortíz, para que informe porque Corpac no informó del paso de la aeronave por territorio peruano, que venía de México hacia Santiago de Chile, con Fujimori como pasajero.
Las preocupaciones fueron expuestas por los congresistas Mario Ochoa y Luis Solari. Éste último dijo que el 30 de octubre se supo - en una entrevista por Univisión-, que Fujimori regresaría al Perú en un avión privado y cuestionó que un avión, con 3,600 millas de autonomía, no podía llegar sin haber hecho una parada obligatoria (talvez Guayaquil) antes de llegar a su destino final.
Solari comentó que había responsabilidades y que se debería pedir explicaciones al embajador de Perú en México. Durante las intervenciones, Solari dijo que había una red que protegió a Fujimori en su viaje y que no hay una explicación convincente de su permanencia de dos horas en México y de las cuatro horas de más que duró la larga travesía. ¿Quiénes lo acompañaron?, ¿quiénes lo recibieron?, preguntó