"Los más altos dignatarios de los tres poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) conocían el tema con anticipación. Es necesario que esto sea investigado, y por ello pediré que se forme una comisión investigadora", señaló Pacheco en conferencia de prensa, en horas de la tarde, en la que reafirmó su posición de lucha frontal contra la corrupción.
Lamentó que, tras expresar su interés en tratar ese asunto con autoridades del país, no se le haya respondido favorablemente. Indicó que el presidente del Consejo de Ministros, Carlos Ferrero Costa, le había respondido que no tiene tiempo para reunirse con él.
Insistió en que, si no logra que se le informe sobre ese asunto que personalmente está investigando, solicitará formalmente la formación del grupo investigador. Luego, dijo no creer que haya "corrido dinero" entre parlamentarios para que se posibilitase lo que consideró una rápida aprobación de la ley mediante la cual se equiparó los días de detención domiciliaria con los de prisión efectiva por parte de personas involucradas en delitos de corrupción.
En conferencia de prensa en la Sala Mohme del Palacio Legislativo, el representante por Puno opinó, sin embargo, que habría abogados -que defienden a 47 personas que cumplen arresto domiciliario- que gestionaron lobbies para favorecer la rápida aprobación de una norma que, al no ser observada ni promulgada por el Presidente de la República, fue finalmente promulgada por el Congreso.
"Creo que hay muchos (legisladores) incautos que actuaron de buena fe para la aprobación del proyecto. Esto amerita una investigación. Ojo que la mesa directiva del Congreso está dirigida por la oposición", comentó el legislador del FIM.
No obstante asegurar que no mencionaba para nada al Presidente del Congreso ni al primer vicepresidente, explicó que la ley de modificación del arresto domiciliario fue aprobada en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que preside su colega legislador Alcides Chamorro Balvín (NoA).
Añadió que hubo especial interés en que la norma fuese aprobada cuanto antes al ser tratada en sesión del Pleno congresal, oportunidad en que el director de debates era el primer vicepresidente Natale Amprimo Plá (NoA).
"La Ley Wolfenson fue tramada en altos niveles del Estado", insistió Pacheco, para añadir que la norma mencionada ha sido una "ley express". Comparó ese hecho con una propuesta suya sobre autonomía de los centros poblados, la cual no es tratada en el Pleno pese a que se encuentra lista para su discusión hace mucho tiempo, según sostuvo.
Consideró que, a la eventual comisión investigadora que se formase para ver estos hechos, debería acudir el legislador Kuennen Franceza Marabotto (UN), uno de los que presentó el proyecto de ley correspondiente. Explicó que ese legislador habría dicho a la prensa que el texto de la propuesta de ley le habría sido entregado por alguien de la mesa directiva.
"Sostengo que en este caso ha corrido dinero. Pero de dónde, es un asunto que investigaremos. Yo estoy haciendo mis propias investigaciones", señaló Pacheco, al tiempo de lamentar que, durante la breve vigencia que tuvo la cuestionada ley ahora derogada, varios comprometidos en casos de corrupción se han acogido a la misma con vistas a lograr su libertad.
En otro momento, hizo notar que Susana Suárez Farje, accionista de la empresa Manhattan (editora del diario La Razón, opositor al régimen), es asesora de la oficina parlamentaria del congresista Alcides Chamorro, presidente de la comisión dictaminadora de la criticada ley.
"Es decir, con el congresista Chamorro trabaja una persona que antes ha trabajado estrechamente con los Wolfenson", sostuvo el representante por Puno. Indicó que, por esa razón, señalaba que la ley sobre el arresto domiciliario no era gratuita, debido a las numerosas coincidencias y situaciones curiosas que resultaban necesariamente ser aclaradas.

Lima, 21 de julio de 2005